Los diputados de Juntos por el Perú (JP), Analí Márquez Huanca y Jesús Pérez Alccahuamán, alineados a los intereses de mineros informales, presentaron cada uno un proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización minera integral (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028 y de 2030, respectivamente. Sería una sexta ampliación, a pesar de que en 10 años formalizó a menos del 3 % de mineros inscritos.

Varios expertos, como César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal; Iván Arenas, especialista en temas mineros; y Dante Vera, director fundador de V&C Analistas, advirtieron en reiteradas ocasiones que una nueva ampliación del registro solo amparará actividades ilegales con apariencia de informales y prolongará la impunidad para mineros que contaminan ríos, bosques y otros ecosistemas.

A su vez, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, dijo que el Reinfo tiene un paraguas de protección penal aprovechado por la minería ilegal. Por eso, precisó Shinno, el Reinfo debe terminar para que, a partir del 1 de enero de 2027, esta actividad ilícita pueda ser denunciada, fiscalizada e investigada. “Eso tenemos que cortarlo porque la minería ilegal está amarrada con sicariato, extorsiones, de personas y trabajo infantil”, observó Shinno en el conversatorio “Minería y Energía Sostenible en América Latina”.

Primera propuesta
La diputada cusqueña Analía Márquez condiciona el cierre del Reinfo a la culminación de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para “conocer la situación real de la actividad minera” y la reversión de concesiones mineras sin producción.

Márquez señala que el problema está en la retención de áreas sin trabajo acreditado. Por eso, amplía plazos y modifica los artículos 39 y 40 de la Ley General de Minería para imponer tarifas de hasta 20 dólares por hectárea para quienes acumulen más de 100 000 hectáreas, reducir la regla de caducidad a 15 años y establecer penalidades de hasta 10 % de la producción mínima para los que no inviertan.

Segunda propuesta
La iniciativa del diputado apurimeño Jesús Pérez pretende ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que entre en vigencia la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Cuestiona al Estado porque no podrá resolver la carga de más de 31 600 inscritos en el Reinfo antes de que venza este 31 de diciembre.

Bajo el supuesto objetivo de evitar que esta propuesta sea vista como una carta blanca a la informalidad, Pérez establece un plazo de 180 días para que esos inscritos realicen un "sinceramiento de la ubicación real" de sus operaciones ante el Ministerio de Energía y Minas. Aquellos que no cumplan, o cuyas coordenadas revelen superposiciones prohibidas, serán excluidos. También establece que cada minero señale un domicilio procesal en el radio urbano de la capital de su provincia o en Lima.

Según el diputado, la formalización es clave también para bancarizar e industrializar el sector y así integrar a esos mineros al circuito formal, para que el Estado capte excedentes tributarios y financie infraestructura rural.

Influencia informal
Pretender ampliar la vigencia del Reinfo por dos o cuatro años más, cuando ha fracasado, evidencia la influencia de mineros informales en el Congreso. Y es que el proyecto de Márquez, por ejemplo, recoge casi al pie de la letra la agenda de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) y la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe). Quizá por eso, el día en que Márquez presentó su proyecto (4 de noviembre), el dirigente de Confemin, Magno Ismael, publicó en sus redes: “Confemin y mineros del Perú, ¡vamos por todo!”.

En el caso de la propuesta de Pérez, aunque incluye mecanismos de depuración y exclusión, la historia reciente demuestra que las anteriores ampliaciones no lograron formalizar más. Sirvió más bien como un escudo para que operadores ilegales extraigan mineral sin cumplir estándares ambientales ni laborales.

Ambas propuestas parten de una misma premisa: que la solución al fracaso del Reinfo es prolongarlo nuevamente. Sin embargo, tras una década de ampliaciones y resultados mínimos en formalización, la discusión gira en torno a cuánto tiempo más se le seguirá otorgando una excepción que ha sido señalada por especialistas y autoridades como un factor que favorece la expansión de la minería ilegal.